Capítulo I Disposiciones Generales

Toda demanda debe formularse ante juez competente.

La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio.

Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye y ésta será apelable en ambos efectos.

Ningún juez puede sostener competencia con el Tribunal Superior bajo cuya jurisdicción se halle, pero sí con otro tribunal que aunque sea superior en su clase no ejerza jurisdicción sobre él.

El tribunal que reconozca la jurisdicción de otro por providencia expresa, no puede sostener su competencia.

Si el acto del reconocimiento consiste sólo en la cumplimentación de un exhorto, el tribunal exhortado no estará impedido para sostener su competencia.

Las partes pueden desistirse de seguir sosteniendo la competencia de un tribunal, antes o después de la remisión de los autos al superior, si se trata de jurisdicción territorial.

Ni por sumisión expresa ni por tácita se puede prorrogar jurisdicción sino a juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga.

Es juez competente aquel al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable.

Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la Ley les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten.

Se entienden sometidos tácitamente:

I.- El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda;

II.- El demandado, por oponer excepciones dilatorias, por contestar la demanda o por reconvenir al actor;

III.- El que habiendo promovido una competencia se desiste de ella;

IV.- El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio.

Es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo:

I.- Cuando la incompetencia sea por razón del territorio y convengan las partes en la validez;

II.- Si se trata de incompetencia sobrevenida, y

III.- Los casos que la Ley lo exceptúe.

La nulidad a que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y, por tanto, no requiere declaración judicial.

Los tribunales declarados competentes harán que las cosas se restituyan al estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas; salvo que la Ley disponga lo contrario.