Capítulo II Sabotaje

Se impondrán de cinco a doce años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientos ochenta días de salario al que, con el fin de trastornar gravemente la vida económica, social o cultural del Estado, o alterar la capacidad de éste para asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca:

I. Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes y servicios básicos;

II. Instalaciones fundamentales de instituciones de docencia o investigación;

III. Recursos esenciales que el Estado destine para el mantenimiento del orden público.