Capítulo III Delitos Contra el Buen Despacho de la Administración

Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de diez a cincuenta días multa, a los servidores públicos que con daño o perjuicio de la Administración Pública o a terceros:

I.- Se niegue sin causa legal o motivo justificado, a tramitar o resolver algún asunto que sea de su competencia.

II.- Niegue injustificadamente el auxilio o colaboración que le sea solicitado legalmente por alguna autoridad constituida que deba prestarlos conforme a la Ley.

En el caso en que sea un encargado de la fuerza pública quien niegue el auxilio que se le solicite legalmente, por otra autoridad, el delito se sancionará con pena de dos a seis años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.

Se sancionará con uno a cinco años de prisión, a los servidores públicos que teniendo a su cargo la prestación de un servicio público, lo suspenda en todo o en partes sin causa justificada, en perjuicio de los usuarios.