Capítulo Primero Procedencia del juicio de nulidad

Casos en los que procede el juicio de nulidad.

La cosa juzgada solo podrá ser materia de impugnación, mediante juicio ordinario de nulidad, en los siguientes casos:

I. Por los terceros ajenos al proceso original que demuestren tener un derecho dependiente del que ha sido materia de la sentencia y ésta afecte sus intereses, si fue producto de dolo o colusión en su perjuicio.

II. Por los acreedores o causahabientes de las partes cuando exista dolo, maquinación fraudulenta o colusión en perjuicio de ellos.

III. Por las partes:

a) Cuando demuestren que la cuestión se falló con apoyo en pruebas declaradas falsas con posterioridad a la fecha en que se haya dictado la sentencia, mediante resolución definitiva dictada en juicio penal, o resolución en la que se decida sobre algún hecho o circunstancia que afecte substancialmente el fallo.

b) Cuando después de pronunciado el fallo se recobraren documentos decisivos, que no se tuvieron a disposición oportunamente por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

c) Cuando la sentencia haya sido consecuencia de dolo comprobado por otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, o si es contraria a otra sentencia dictada anteriormente, pasada en autoridad de cosa juzgada y siempre que planteada no se haya decidido oportunamente.

d) Si se hubiere obtenido el fallo injustamente, en virtud de cohecho, violencia, dolo o fraude comprobados.

Plazo para plantear el juicio de nulidad.

El plazo para plantear el juicio de nulidad será de treinta días, contados desde el día en que el interesado haya tenido conocimiento o se hubiere hecho sabedor de alguna de las causas que se mencionan en el artículo anterior.

No obstante, una vez transcurridos tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia firme, su nulidad no podrá plantearse; y si se planteare demanda con este propósito, se rechazará de plano sin ulterior recurso.

Caución para garantizar posibles daños y perjuicios.

Para que pueda tenerse por interpuesta la demanda de nulidad será indispensable que con el escrito que se plantea, acompañe el promovente documento justificativo de haber depositado, en la dependencia o institución autorizada, una cantidad equivalente al treinta por ciento del importe de lo sentenciado.

En caso de que lo sentenciado no haya versado sobre cuestiones patrimoniales, el tribunal, antes de admitir la demanda requerirá al demandante para que otorgue una caución que fijará prudencialmente.