Capítulo IV Delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito de la administración de justicia

A la autoridad judicial o al agente del ministerio público que litigue, por sí o por interpósita persona, cuando la ley le prohíba el ejercicio de su profesión, se impondrán de uno a ocho años de prisión, multa de treinta a mil cien Unidades Diarias de Medida y Actualización. Nota: Se reformó mediante decreto 193 de la LXII Legislatura, publicado en P.O. No. 0478 Tercera Sección de fecha 13 de julio de 2017.

Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y de cien a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización al servidor público que no cumpla una disposición que legalmente se le comunique por su superior competente sin causa fundada para ello. Nota: Se adicionó mediante decreto 128 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 0349 Tercera Sección de fecha 29 de diciembre de 2016. Nota: Se reformó mediante decreto 193 de la LXII Legislatura, publicado en P.O. No. 0478 Tercera Sección de fecha 13 de julio de 2017

Se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de treinta a mil cien Unidades Diarias de Medida y Actualización al servidor público que obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella. Nota: Se adicionó mediante decreto 128 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 0349 Tercera Sección de fecha 29 de diciembre de 2016. Nota: Se reformó mediante decreto 193 de la LXII Legislatura, publicado en P.O. No. 0478 Tercera Sección de fecha 13 de julio de 2017.

Se impondrán de cuatro a diez años de prisión, multa de cien a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad judicial que dirija o aconseje a las personas que litiguen ante él. Nota: Se reformó mediante decreto 193 de la LXII Legislatura, publicado en P.O. No. 0478 Tercera Sección de fecha 13 de julio de 2017

Se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración e impartición de justicia tratándose de delitos graves. Además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Nota: Se derogó mediante decreto 128 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 0349 Tercera Sección de fecha 29 de diciembre de 2016. Nota: Se repone con nuevo texto mediante decreto 50 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1185 Quinta Sección de fecha 29 de mayo de 2020.