Capítulo II Desobediencia y resistencia de particulares

Al que sin causa legítima rehúse prestar un servicio al que la ley le obliga, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrán de seis meses a un año de prisión y multa de cien a doscientos días de salario.

Al que por medio de violencia física o moral se oponga a que la fuerza pública, o sus agentes, ejerzan alguna de sus funciones, o resista el cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad que satisfaga todos los requisitos legales, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de ciento veinte a ciento sesenta días de salario.

El que cuando esté obligado a declarar ante la autoridad u otorgar la protesta de ley al rendir su declaración, se niegue a ello, se le impondrán de veinticuatro a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de treinta a ochenta días de salario.

Cuando la ley autorice el empleo de medidas de apremio para hacer efectivos los mandatos de la autoridad, la consumación de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares se producirá en el momento en que se agote el empleo de tales medidas de apremio.