Título Tercero Embargos

Efectos del auto de ejecución. En los casos en que la ejecución forzosa deba realizarse mediante embargo, el auto de ejecución tendrá fuerza de mandamiento en forma para el efecto de que se requiera al deudor de pago y no verificándolo en el acto, se proceda a embargar bienes suficientes a cubrir el importe de lo que se ejecute.

Requerimiento de pago. El requerimiento de pago no será necesario cuando se trate de ejecución de sentencia y haya transcurrido el plazo que se fijó al deudor para el cumplimiento voluntario. En los demás casos se hará en el acto del embargo. Cuando el deudor haga entrega de la cosa materia de la ejecución, la diligencia no tendrá lugar. El deudor podrá exhibir la cantidad reclamada con la protesta o reserva de repetir la suma pagada en los casos en que así proceda, y en este caso el embargo se hará sobre dicha suma.

Diligencia de embargo. La diligencia de embargo se practicará de acuerdo con las reglas siguientes:

I. El ejecutor se trasladará a la casa del deudor, y si no lo encontrare le dejará citatorio para hora fija dentro de las doce y las veinticuatro horas siguientes. En este caso, si no se presentare, se practicará la diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa, o a falta de ella, con el vecino inmediato; y

II. El derecho para señalar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor, quien tendrá obligación de justificar sus derechos sobre los bienes señalados, si el actor o un tercero que alegue y exhiba título sobre ellos, lo piden. Sólo que el deudor o la persona con quien se entiende la diligencia rehusen hacer el señalamiento, o no justifiquen en su caso sus derechos sobre los bienes de que se trata, podrá hacerlo el actor. Cualquiera de ellos que haga el señalamiento, se sujetará al orden siguiente:

1o. Los consignados como garantía de la obligación que se reclama;

2o. Dinero;

3o. Créditos o valores de inmediata realización;

4o. Alhajas;

5o. Frutos y rentas de toda especie;

6o. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;

7o. Bienes Raíces;

8o. Sueldos o comisiones cuando conforme a la ley sean embargables; y

9o. Créditos.

El ejecutante podrá señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro, sin sujetarse al orden establecido en este artículo, en los siguientes casos:

a) Si para hacerlo estuviere autorizado por el obligado en virtud de convenio expreso;

b) Si los bienes que señala el deudor no fueren bastantes o si no se sujeta al orden que se establece en este artículo; y

c) Si los señalados estuvieren en lugar diverso del que se sigue el juicio, el ejecutante podrá señalar otros que se hallen en este lugar.

El ejecutor, sin que para ello se necesite ulterior determinación del juzgador, deberá realizar con la mayor diligencia los actos complementarios del embargo, como dar posesión al depositario de bienes, aunque no estén en el lugar donde se practica la diligencia, si se encuentran dentro de la jurisdicción; notificación a deudores o a bancos, si se han embargado créditos; dar aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad, si se trata de bienes registrados; expedir copias certificadas de la diligencia y en general, para tomar todas las medidas y realizar los actos que tiendan a hacer más efectivo el aseguramiento.

Bienes exceptuados de embargo. Quedan exceptuados de embargo:

I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en los términos establecidos por el Código Civil;

II. El lecho cotidiano, los vestidos y muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del ejecutor;

III. Los instrumentos, aparatos útiles y necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado, siempre que los utilice directamente en su trabajo;

IV. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén asignados, a juicio del ejecutor, a cuyo efecto podrá oír el informe de un perito que él designe;

V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales;

VI. Las armas y objetos que el deudor esté obligado a custodiar en cumplimiento de un cargo público;

VII. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a juicio del ejecutor, pero si podrán ser intervenidos junto con la negociación a que estén destinados;

VIII. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;

IX. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas excepto la de aguas, que es embargable independientemente;

X. La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil;

XI. Los sueldos y el salario de los trabajadores en los términos en que lo establezca la Ley Federal del trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias;

XII. Las asignaciones a los pensionistas del erario o de particulares o empresas, con la salvedad anterior; y

XIII. Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en fraccionamiento haya correspondido a cada ejidatario, así como las comunidades agrarias.

Substitución de los bienes embargados. En cualquier momento anterior a la adjudicación, el deudor podrá pedir que se substituyan los bienes embargados por una suma de dinero igual al monto de los créditos del acreedor embargante, intereses, costas, y en su caso, de los acreedores intervenientes. El juzgador fijará la suma que debe darse en substitución del embargo, después de oir a las partes; y una vez entregada esta suma, ordenará que se liberen del embargo los bienes que comprende y se trabará el embargo en la suma entregada en su substitución depositándose ésta.

Reducción del embargo. Cuando el valor de los bienes embargados sea superior en un cincuenta por ciento a la suma de los créditos reclamados, intereses y las costas, el juzgador podrá ordenar, a petición del deudor y aún de oficio, la reducción del embargo, debiendo oir previamente al acreedor embargante y a los acreedores intervenientes, si los hubiere.

Guarda y custodia de los bienes embargados. Para la guarda y custodia de los bienes embargados se seguirán las siguientes reglas:

I. Cuando se practique sobre el dinero en efectivo, títulos o valores, alhajas y muebles preciosos, bajo la responsabilidad del ejecutor, se entregarán al juzgador que ordenó la ejecución para que éste, según el caso, lo mande depositar en la institución de crédito que corresponda o en casa comercial de solvencia reconocida en los lugares en que no hubiere instituciones de crédito. El comprobante del depósito se conservará en el seguro del juzgado;

II. Si se secuestran bienes que ya han sido objeto de embargo judicial, el depositario anterior en tiempo lo será de todos los subsecuentes en tanto subsista el primero, a no ser que el reembargo sea en virtud de hipoteca, derecho de prenda u otro privilegio real, pues entonces éste prevalecerá si el crédito de que procede es de fecha anterior al primer secuestro;

III. Fuera de los casos anteriormente mencionados, la guarda y custodia de los bienes embargados quedará a cargo de un depositario que nombre bajo su responsabilidad el acreedor, quien los recibira mediante formal inventario. El acreedor será solidaria y mancomunadamente responsable por los actos del depositario, excepto cuando éste sea el mismo demandado; y

IV. Si se tratare de secuestro precautorio, será nombrado depositario el mismo deudor, si de una manera expresa aceptara las responsabilidades del cargo. En caso contrario el depositario lo designará el acreedor.

Obligaciones y responsabilidades del depositario judicial. Respecto del depositario judicial se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Tendrá el carácter, las responsabilidades y obligaciones de un auxiliar de la administración de justicia;

II. Deberá identificarse a satisfacción del ejecutor, quien deberá hacer constar los medios utilizados para este fin;

III. Si el deudor lo pide o el juzgador lo estima necesario, el depositario caucionará su manejo por cantidad suficiente, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se fije este requisito;

IV. El depositario, cuando se trate de bienes muebles, tendrá obligación de informar al juzgador el lugar en que quede constituido el depósito o cualquier cambio de éste; debiendo comunicarlo dentro de las cuarenta y ocho horas que sigan a la entrega del bien o cambio de lugar;

V. Si se tratare de embargo de finca urbana, negociaciones mercantiles o industriales o de finca rústica, el depositario tendrá, además, el carácter de interventor y estará obligado a rendir dentro de los diez días siguientes a la expiración de cada mes natural, una cuenta mensual en la que aparezcan pormenorizadamente los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los comprobantes respectivos;

VI. El depositario, simultáneamente con la presentación de las cuentas, deberá exhibir recibo de depósito de una institución de crédito respecto a los sobrantes que aparezcan de cada cuenta mensual, o entregará al juzgado el efectivo cuando en el lugar del juicio no existan instituciones de crédito;

VII. El depositario será relevado de plano por el juzgador cuando faltare a cualquiera de las obligaciones que se le imponen en este artículo, y en caso de remoción será el propio juzgador quien designe a la persona que debe reemplazarlo.

También será relevado si presenta cuentas y éstas no son aprobadas, si la falta de aprobación se debe a haberse comprobado ocultación de los ingresos o hecho gastos indebidos o fraudulentos.

En cualquier otro caso será removido de plano si no repone los faltantes que existieren, en un plazo de tres días, a partir de la fecha en que recaiga la resolución respectiva que los determine, sin perjuicio de la sanción penal en que incurra;

VIII. El depositario percibirá los honorarios que fije el arancel; y

IX. El depositario deberá entregar los bienes depositados tan pronto como lo ordene el juzgador. Si no cumple, se le apremiará con arresto hasta por treinta y seis horas independientemente que se utilicen otros medios de apremio de los que autoriza este Código para lograrlo.

El depositario será penalmente responsable por la falta de entrega de los bienes embargados cuando sea requerido judicialmente para ello. Igualmente será penalmente responsable en los casos de desposesión o pérdida de los bienes embargados, siempre que le sea imputable. Si el depositario fuera privado de la posesión de los bienes embargados por cualquier acto judicial o de otra índole, estará obligado a ponerlo en conocimiento del juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si faltare al cumplimiento de esa obligación, será civil y penalmente responsable en la misma forma que lo sería en el caso de haber dispuesto de los bienes embargados. También será responsable el depositario por usar o permitir el uso de los bienes embargados o por demérito que éstos sufran por su culpa o negligencla (sic)

Ampliación del embargo. El embargo, a petición de parte, podrá ampliarse en los siguientes casos:

I. Cuando practicado el remate de los bienes no alcanzare su producto para cubrir el importe de la condena;

II. En cualquier caso a juicio del juzgador, que no basten los bienes secuestrados para cubrir la deuda y las costas;

III. En los casos en que practicado el avalúo pericial los bienes no basten para cubrir el monto de la ejecución y de las costas;

IV. Cuando tratándose de bienes muebles haya transcurrido un año desde que fueron remitidos para su venta y no se hubiere efectuado ésta;

V. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tener los el deudor y después aparezcan o los adquiera; y

VI. Cuando se diere entrada a alguna tercería excluyente de dominio o de preferencia respecto de los bienes embargados, o a una solicitud de sobreseimiento en los términos del artículo 90 fracción IV.

La ampliación del embargo se seguirá por cuerda separada sin suspensión de las diligencias de ejecución respecto de lo que ya fue embargado, ni audiencia del deudor, uniéndose estas últimas actuaciones al expediente respectivo, una vez realizado el nuevo embargo.

Facultades del juzgador para resolver cuestiones relacionadas con el embargo. El juzgador tendrá las más amplias facultades para resolver los problemas que se presenten respecto a la subsistencia, reducción o ampliación del embargo y para tomar de plano todas las medidas que se requieran para que se lleve a cabo la ejecución en forma adecuada, así como para que en lo posible se eviten perjuicios innecesarios al ejecutado o a terceras personas.

El ejecutor al llevar a cabo la diligencia de embargo, resolverá cualquier dificultad que se suscite, allanándola para que el embargo no se suspenda, sin perjuicio de lo que posteriormente determine el juzgador.

Embargo de dinero, valores realizables, alhajas o muebles preciosos. Si entre los bienes embargados hubiere dinero efectivo, valores realizables, alhajas o muebles preciosos, se observará lo siguiente:

I. Si se embargare dinero efectivo, no se nombrará depositario, sino que bajo la responsabilidad del ejecutor se entregarán al juzgador que ordenó la ejecución, para que según el caso, lo mande depositar en alguna institución de crédito o casa de comercio en su defecto. Si se tratare de ejecución de sentencia definitiva por cantidad líquida, se hará entrega al acreedor mediante orden del juzgador;

II. Si se embargare el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor dará inmediato aviso a la institución de crédito de que se trate para que se abstenga de pagar la cantidad embargada, apercibiendo, a dicha institución de doble pago en caso de desobediencia. En ese caso existirá obligación del ejecutor de comunicar a la institución de crédito el monto de la cantidad embargada para que solamente esta sea objeto de retención y el deudor pueda disponer libremente del saldo no embargado. El ejecutor hará, acto continuo del embargo, esta notificación, sin que se necesite especial determinación del juzgador; y

III. Los valores realizables, alhajas y muebles preciosos se entregarán al juzgado que ordenó la ejecución para que disponga lo que proceda respecto a su depósito o realización.

Embargo de créditos. Cuando se embarguen créditos se observarán las siguientes reglas:

I. Se notificará el secuestro al deudor o a quien deba pagar los para el efecto de que no verifique el pago, sino que retenga la cantidad correspondiente a disposición del juzgado, apercibido de doble pago en caso de desobediencia. Esta notificación podrá hacerla el ejecutor inmediatamente después de hecho el embargo, sin necesidad de especial determinación del juzgador;

II. Se notificará al acreedor contra quien se haya dictado el secuestro que no disponga de los créditos, bajo las penas que señala el Código Penal. Esta notificación deberá hacerse en la misma diligencia de embargo, si el ejecutado estuviere presente, o en caso contrario, se le hará desde luego por instructivo sin especial determinación del juzgador;

III. Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá facultad y obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que represente, y de intentar todas las acciones que la ley conceda para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impone el Código Civil.

IV. Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará al juzgador de los autos respectivos, dándolo a conocer al depositario nombrado a fin de que éste pueda sin obstáculo alguno desempeñar las obligaciones que le impone este artículo. El acreedor contra quien se haya dictado el secuestro continuará con la obligación de seguir como coadyuvante del depositario en el juicio respectivo, pero no podrá realizar ningún acto de disposición o cualquier otro que menoscabe el crédito materia del secuestro; y

V. Al notificarse el embargo al tercero deudor se le emplazará para que manifieste al juzgado, dentro de tres días, las cosas o bienes que adeude al ejecutado o que se encuentren en su poder y para que indique la época en que deba efectuar el pago o la entrega. El tercero tendrá obligación además de especificar dentro del mismo término los secuestros practicados con anterioridad en contra del ejecutado y las cesiones que él haya aceptado hasta esa fecha con relación al deudor. Si el tercero no cumple con hacer esta declaración se presumirá que adeuda la cantidad embargada y que ésta es exigible, pudiendo el depositario ejercer en su contra la acción que corresponda. El tercero cuando sea requerido por el juzgador tendrá obligación de exhibir los comprobantes que procedan para demostrar sus afirmaciones. En caso de que haya otros embargos anteriores, podrán tomarse en cuenta las declaraciones que haya hecho el tercero en los juicios respectivos.

Secuestro sobre bienes muebles. Si el secuestro recae sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, valores o créditos realizables, se observarán las siguientes prevenciones:

I. El depositario que se nombre tendrá el carácter de simple custodio de los bienes puestos a su guarda, los que conservará a disposición del juzgador respectivo;

II. Si los muebles embargados produjeren frutos o rendimientos, el depositario quedará obligado a rendir una cuenta mensual, que presentará al juzgado dentro de los primeros diez días de cada mes natural;

III. El depositario pondrá en conocimiento del juzgador el lugar en que quede constituido el depósito, y recabará la autorización para hacer, en caso necesario, los gastos de almacenaje. Si no pudiere el depositario hacer los gastos que demande el depósito, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgador para que éste, oyendo a las partes en una junta que se celebrará dentro de tres días, decrete el modo de hacer los gastos, en la forma en que acuerden las partes o en caso de que no estén de acuerdo, imponga tal obligación a quien obtuvo la orden de secuestro;

IV. Si los muebles depositados fueren bienes fungibles, el depositario tendrá, además de la obligación que le impone la fracción anterior, la de investigar el precio que en plaza tenga los efectos confiados a su guarda, a fin de que si encuentra ocasión favorable para la venta, lo ponga desde luego en conocimiento del juzgador, con el objeto de que éste determine lo que fuere conveniente; y

V. Si los muebles depositados fueren bienes fáciles de deteriorarse o desaparecer, el depositario deberá examinar su estado y poner en conocimiento del juzgador el deterioro o demérito que en ellos observe o tema fundadamente que sobrevengan, a fin de que éste dicte remedio oportuno para evitar el mal, o acuerde su venta en las mejores condiciones, en vista de los precios de plaza y del menoscabo que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos secuestrados.

Embargo de fincas urbanas. En los casos de fincas urbanas se observará lo siguiente:

I. Se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad, quedando facultado el ejecutor para expedir copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción sin necesidad de especial determinación del juzgador y aún para dar, acto continuo de diligencia, aviso preventivo al Registro;

II. Si junto con el inmueble se embargaren las rentas o éstas solamente, el depositario quedará facultado y obligado para contratar, pero los arrendamientos será n sobre la base de que las rentas no sean menores de las que al tiempo de verificarse el secuestro rindiera la finca o departamento que estuviere arrendado. Para este efecto, si ignora cuál era en este tiempo la renta, lo pondrá en conocimiento del juzgado r, para que recabe la noticia de las oficinas fiscales. Exigirá para asegurar el arrendamiento las garantías acostumbradas, bajo su responsabilidad, y en caso de que se celebre el contrato sin garantías deberá recabar previamente la autorización judicial. Para arrendar en precio menor, necesita el depositario autorización judicial;

III. Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, en sus términos y plazos, procediendo en su caso contra los inquilinos morosos con arreglo a la ley;

IV. Hará sin previa autorización los gastos ordinarios de la finca, como el pago de contribuciones y los de mera conservación, servicio y aseo, no siendo excesivo su monto, cuyos comprobantes incluirá en la cuenta mensual;

V. Presentará a las oficinas fiscales en tiempo oportuno, las manifestaciones y avisos que las leyes previenen, y de no hacerlo así, serán de su responsabilidad los daños y perjuicios que su omisión origine, y las sanciones que se impongan;

VI. Para hacer los gastos de reparación o de construcción, ocurrirá al juzgador solicitando la autorización para ello y acompañando al efecto los presupuestos respectivos;

VII. Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los gravámenes reconocidos sobre la finca;

VIII. Las autorizaciones a que se refiere este artículo, se tramitarán citando a las partes para una audiencia que se celebrará dentro de tres días para que éstas, en vista de los documentos que se acompañan, resuelvan de común acuerdo, si se autoriza o no el gasto. No lográndose el acuerdo, el juzgador dictará la resolución que corresponda; y

IX. Si sólo se embargare el inmueble sin sus rentas o productos, bastará que el embargo se haga inscribir en el Registro Público de la Propiedad, sin que se nombre depositario. Las contribuciones sobre el inmueble embargado continuarán a cargo del deudor, pero si éste no hiciere el pago, podrá hacerlo el acreedor por cuenta de éste, con derecho de que le sean reembolsadas por el deudor las cantidades que cubriere, quedando entretanto éstas garantizadas con el propio bien embargado.

Embargo de finca rústica, negociación mercantil o industrial. En los casos en que el secuestro se efectúe en una finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, se consideran afectados al embargo todos los bienes que forman parte de la empresa, pero el depositario tendrá el carácter de mero interventor con cargo a la caja, vigilando la contabilidad, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las operaciones que en ellas se hagan, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible;

II. Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los frutos y su venta, y recogerá el producto de ésta;

III. Vigilará las compras y ventas que hagan las negociaciones mercantiles, recogiendo bajo su responsabilidad el numerario;

IV. Vigilará la compra de materias primas, su elaboración y la venta de los productos, en las negociaciones industriales o mercantiles, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos en su vencimiento;

V. Ministrará los fondos para los gastos necesarios y ordinarios de la negociación o finca rústica y cuidará que la inversión de éstos se haga convenientemente;

VI. Depositará el dinero que resultare sobrante, después de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios;

VII. Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar abusos y malos manejos de los administradores, dando inmediatamente cuenta al juzgador para que determine lo conducente;

VIII. El juzgador, oyendo a las partes en una audiencia que se verificará dentro del plazo no mayor de tres días, determinará lo que estime conveniente, teniendo las más amplias facultades para tomar las medidas adecuadas para la mejor eficacia del embargo y conservación y mejoramiento de la finca rústica o negociación mercantil o industrial embargada;

IX. Si el interventor, en cumplimiento de sus deberes, encuentra que la administración no se lleva convenientemente, o puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del juzgador, para que oyendo a las partes y al interventor, determine lo conveniente; y

X. Si el deudor o sus dependientes impiden que el interventor cumpla con sus funciones o si no se entregan al depositario los fondos de la finca o negociación, el juzgador los obligará a que cumplan sus determinaciones con apremio de arresto hasta por treinta y seis horas sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

Levantamiento del embargo. El embargo perderá su eficacia y se levantará a petición del ejecutado, si no se pide la adjudicación o la venta en un plazo de seis meses, que principiará a contarse en la forma siguiente:

I. Si el embargo se practicó en ejecución de sentencia, a partir de la fecha en que se haga la traba de ejecución;

II. Si el embargo se decretare en juicio ejecutivo, el plazo comenzará a contarse a partir de la fecha en que la sentencia de condena que se dicte pueda ejecutarse conforme a las reglas de este Código; y

III. Si se trata de embargo cautelar y precautorio, a partir de la fecha en que en el juicio respectivo la sentencia de condena que se dicte, esté en estado de ejecución.

La declaración de levantamiento la hará el juzgador oyendo incidentalmente a las partes.

No procederá el levantamiento del embargo aunque transcurra el plazo sin pedir la adjudicación o venta o sin hacer promoción en los siguientes casos:

a) Si el juicio estuviere suspendido por causa legal; y

b) Si hubiere cualquier otra causa legal que impida la ejecución.

Reembargo. Si los bienes materia del secuestro hubieren sido objeto de embargo anterior y salvo los casos de preferencia de derechos, se observará lo siguiente:

I. El reembargo producirá su efecto en lo que resulte líquido del precio del remate después de pagarse al primer embargante;

II. El reembargante para obtener el remate, puede obligar al primer ejecutante a que continúe su acción, y si requerido para ello no lo hiciere, puede aquél en el juicio en que sea parte, pedir el remate, con la obligación de respetar los derechos que para pagarse preferentemente corresponden al primer embargante;

III. Si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo acreedor hipotecario o de otro hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la finca rematada se consignará ante el juzgado correspondiente o se depositarán si no hubiere juicio anterior, y el resto se entregará al ejecutante hasta donde alcance a cubrir su crédito; y

IV. En los casos de reembargo, el depositario del primer secuestro lo será respecto del posterior, con las obligaciones inherentes al depósito del segundo embargo, debiendo notificársele el secuestro ulterior para la protección de los derechos del segundo embargante.

Simultaneidad de embargo en juicios distintos. En caso de que los ejecutores practiquen simultáneamente embargos ordenados en juicios distintos, los realizarán asociados y tendrán igual preferencia, levantándose un acta para cada expediente y correspondiendo el nombramiento de depositario a la persona que los interesados designen de mutuo acuerdo.