Capítulo I De las controversias del Orden Familiar

Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí

Artículos 1137 al 1153 · 17 artículos

Artículo 1137

Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público por constituir aquélla, la base de la integración de la sociedad.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 1998)

El juez de lo familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros.

En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de Derecho, manteniendo, sin embargo, la mayor equidad entre ellos, de modo que no se haga concesión a una sin que se haga lo mismo con la otra parte.

En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenios, con lo que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.

(REFORMADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 1998)

Artículo 1139

No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos o de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de los hijos, oposición de maridos, padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial.

Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de la pérdida de la patria potestad.

(REFORMADO, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2008) (REFORMADO, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2007) Tratándose de violencia familiar prevista en el articulo 12 del Código Familiar para el Estado, la autoridad judicial exhortara a las o los involucrados, en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hiciere, en la misma audiencia la autoridad judicial del conocimiento, determinara las medidas procedentes para la protección de las o los menores y de la parte agredida.

Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 1990) (REFORMADO, P.O. 28 DE FEBRERO DE 2017)

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2017) (REFORMADO, P.O. 05 MARZO DE 2019) (REFORMADO, P.O. 29 JULIO DE 2019)

Artículo 1140

Podrá acudirse al Juez de lo Familiar, por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que, en su caso, le presenten, se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer, en la misma forma, dentro del término de nueve días; en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sea provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la Ley, , el Juez fijará en el auto de admisión de la demanda, a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, en tanto se resuelve el Juicio. Tratándose de niños; niñas; adolescentes; o incapaces, la pensión provisional alimenticia se fijará de oficio en cuyo caso, el juez también de oficio y a efecto de que cuente con los elementos necesarios para resolver sobre la pensión alimenticia definitiva, recabará las pruebas necesarias para conocer con toda certeza la capacidad económica del deudor. En su caso, se comunicará de inmediato mediante oficio a la persona física o moral de quien perciba el ingreso el deudor alimentista, para que consigne el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia provisional en el Juzgado y hacer entrega de la misma al que tiene derecho a los alimentos, e incluirá todas aquellas prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga el deudor como producto de su trabajo. Lo mismo se observará respecto de cualquier otro emolumento o crédito que exista en favor del deudor.

Tratándose de deudores alimentarios que hayan dejado de cumplir con sus obligaciones en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, el Juez competente hará tal circunstancia del conocimiento del Instituto Nacional de Migración, así como al Instituto de Migración y Enlace Internacional del Estado, mediante oficio, para que procedan conforme al artículo 48 fracción VI, de la Ley de Migración.

Será optativo para las partes acudir asesoradas y, en este supuesto, quien les asesore, necesariamente deberá ser abogado o licenciado en derecho, con cédula profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor público, el que deberá acudir desde luego a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual.