Capítulo VII De las incompatibilidades y excusas

Todo servidor público de la Fiscalía General del Estado debe excusarse en los negocios en que intervenga, cuando incurran en él una o más de las causas que motivan la excusa de los funcionarios del Poder Judicial. La excusa deberá ser calificada en definitiva por el Fiscal General del Estado.

Cuando el servidor público de quien se trate no se excuse, a pesar de tener algún impedimento, la víctima u ofendido, el imputado o su defensor, podrán recusarlo con expresión de causa ante el Fiscal General del Estado, quien, oyendo previamente al recusado, determinará si éste debe o no continuar interviniendo en el asunto de que se trate.

El Fiscal General del Estado deberá excusarse de conocer los asuntos en los casos señalados en el artículo anterior, pero no podrá ser recusado. El Gobernador del Estado calificará las excusas del Fiscal General.

Los Fiscales, y los agentes del Ministerio Público, no podrán desempeñar otro puesto oficial ni ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, concubinario o concubina, ascendientes o descendientes; tampoco ser corredores, comisionistas, apoderados judiciales, tutores, curadores, albaceas judiciales, a no ser que tenga interés en la herencia; interventores en una quiebra o concurso, ni árbitros o arbitradores. No quedan comprendidos en esta prohibición los puestos de carácter docente.