Capítulo I Privación ilegal de la libertad

Al que ilegítimamente prive a otro de su libertad, se le aplicará prisión de tres meses a tres años y de 10 a 50 días multa.

La misma pena se aplicará al particular que por cualquier medio, obligue a una persona a prestarle trabajo y servicios personales sin la debida retribución o celebre un contrato que ponga en condiciones de servidumbre a otra, o afecte su libertad de cualquier modo.

Se considera también como privación ilegal de la libertad, cuando el ascendiente sin limitación de grado o pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado de un menor de edad, lo sustraiga o cambie de domicilio donde habitualmente resida, lo retenga o impida que regrese al mismo, sin autorización de quienes ejerzan la patria potestad, entendiéndose que se necesita la autorización de todos los que ejercen este derecho aunque no se tenga la custodia y no permita que el padre o la madre visiten o convivan con el menor, se aplicará una pena de uno a tres años de prisión y multa de 30 a 300 días. En este contexto, sólo podrán cambiar de domicilio o impedir que regrese al mismo de manera unilateral, cuando exista resolución de autoridad competente.

La punibilidad prevista en el artículo 163 se aumentará en una mitad, cuando en la privación de la libertad concurra alguna de las circunstancias siguientes:

I.- Que se realice con violencia o se veje a la víctima;

II.- Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad física respecto al agente; o

III.- Que la privación se prolongue por más de ocho días.

Si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de inicio de la privación, se aplicará la mitad de la punibilidad prevista en los dos artículos anteriores.