Capítulo I Disposiciones generales

La jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

Cuando fuere necesaria la audiencia de una persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación, que quedan las actuaciones en la secretaría del juzgado para que se imponga de ellas y de estimarlo conveniente haga valer su oposición, dentro de los tres días siguientes a la notificación.

A la solicitud promovida puede oponerse también cualquiera que tenga derecho, pudiendo hacerlo hasta antes de la audiencia.

Se oirá precisamente al ministerio público:

I. Cuando se refiera a la persona, bienes o derechos de menores de edad o personas con discapacidad;

II. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y,

III. En los demás casos que lo prevengan las leyes.

Se admitirán cualesquiera documentos que se presentaren e igualmente las justificaciones que ofrecieren, sin necesidad de citación ni de ninguna otra solemnidad.

El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de las de carácter contencioso, salvo en aquellos casos en que la presente ley disponga lo contrario.

El juez sobreseerá de plano las diligencias de jurisdicción voluntaria que se inicien hallándose otras en trámite sobre igual asunto.