Capítulo VIII De los bienes, asegurados, decomisados y abandonados

Los instrumentos del delito y las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán al sentenciado cuando éste sea condenado por delito doloso, con excepción de las armas, las que serán decomisadas aún tratándose de delitos culposos. Si pertenecen a tercera persona, sólo se decomisarán cuando hayan sido empleados con conocimiento del dueño para fin delictuoso o cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido por cualquier título, se encuentren alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 329 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que éste tenga con el acusado, en su caso.

Para lo dispuesto en el presente capitulo se seguirán en lo correspondiente las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley para la Administración de Bienes, Asegurados, Decomisados y Abandonados.

Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras, que no pudieran ser materia de decomiso y no fueren reclamados por quien tenga derecho a ellos, en un lapso de seis meses naturales, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se destinará al Fondo para la Procuración de Justicia, previa las deducciones de los gastos ocasionados. Para tal efecto, el plazo indicado empezará a contar a partir de la notificación personal que se le realice conforme a lo que dispone el artículo 126 del Código de Procedimientos Penales en el supuesto de que se conozca el interesado y en caso contrario, la notificación se hará mediante edicto publicado por un solo día en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado.

Los bienes y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales judiciales del fuero común, que no fueren retirados por quien tenga derecho a ello, se destinarán, en los términos de la Ley respectiva, al Fondo para la Administración de Justicia del Estado de Sonora.

En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad judicial, que no pudieran ser materia de decomiso, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo, por un lapso de seis meses, a partir de la notificación personal que se le realice conforme a lo que dispone el artículo 126 del Código de Procedimientos Penales en el supuesto de que se conozca el interesado y, en caso contrario, la notificación se hará mediante edicto publicado por un solo día en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, transcurrido el cual, se aplicará al Fondo para la Administración de Justicia del Estado de Sonora.

En el supuesto de que los bienes a que se refiere el párrafo anterior no pudiesen ser enajenados en subasta, por ausencia de postores o por ser económicamente incosteable la misma, dichos bienes se venderán libremente.

Cuando los bienes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras en el período de averiguación previa, éstas podrán proceder en los términos antes señalados y, en el caso de que no se ejercite acción penal y transcurra el plazo para que el producto de la enajenación sea recogido por quien tenga derecho, éste se aplicará al Fondo para la Procuración de Justicia.