Capítulo Decimocuarto Costas

Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva.

Quien sea condenado en costas indemnizará a su contraparte de todas las que se le hubieren causado.

Las costas judiciales comprenderán:

I. Los honorarios del abogado patrono cuyos servicios profesionales se utilicen;

II. Los honorarios de los depositarios, intérpretes, traductores, peritos y árbitros que hayan tenido que intervenir en el negocio, y III. Los gastos que hubiesen sido indispensables en la tramitación del juicio.

Los honorarios a que se refiere el artículo anterior no podrán exceder de las sumas fijadas por los aranceles.

Los gastos y costas deberán estar justificados mediante pruebas idóneas las que se acompañarán al escrito mediante el que se formula la planilla respectiva.

La condena en costas procede en contra del que no obtuviere resolución favorable en lo principal, incidentes o en los recursos de apelación y reclamación.

Si la resolución se enmienda o revoca en lo principal, quedará insubsistente de plano la condena que se hubiere hecho en costas y no procederá condena alguna en las costas del recurso.

La condena no comprenderá los gastos originados por promociones, pruebas o actuaciones inútiles, superfluas no autorizadas por la Ley, ni los honorarios del procurador o patrono que no fuere abogado con título registrado en el Tribunal Superior de Justicia.

Los Ayuntamientos, las Instituciones Públicas, personas morales y el Ministerio Público, serán responsables de las costas que causen sus representantes.

Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren decretado.

De la regulación se dará vista por tres días a la parte condenada. Si en el término referido expresare no estar conforme o no expusiere nada, el Juez resolverá lo que estime justo.

Si los honorarios de que se trata no estuvieren sujetos al arancel, el Juez podrá oír a dos personas del mismo arte, oficio o profesión del que los hubiere devengado, nombradas por él y no habiéndolas en la población de la residencia del Juez que conozca de los autos, se recurrirá a las del lugar más cercano en que las hubiere.

No será condenado al pago de los gastos y costas, el demandado que se allane a la demanda, o aquél que concilie sus intereses.

El Tribunal podrá sancionar el ejercicio malicioso de la acción y de la excepción, así como la falta de lealtad y probidad de las partes, sus representantes, apoderados o patronos, con la condena del pago de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del proceso con independencia de las multas y costas establecidas en este Código. CAPÍTULO DÉCIMOQUINTO EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES DEL ESTADO.