Sección Sexta Del interdicto de obra peligrosa

El interdicto de obra peligrosa puede tener por objeto:

I.- La adopción de medidas urgentes para evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de un árbol, de una construcción o de cualquiera otro objeto.

II.- La demolición de la obra o la destrucción del objeto que ofrece los riesgos.

Cualquiera de los medios expresados en el artículo anterior, puede decretarse como medida urgente por la autoridad gubernativa o administrativa con arreglo a sus facultades, y en este caso, no procede el interdicto.

Pueden usar del interdicto de obra peligrosa:

I.- El dueño de alguna propiedad contigua, que pueda resentirse o perderse por la ruina de la obra, o por la caída del árbol u objeto en su caso.

II.- Los que tengan necesidad de pasar por las inmediaciones de la construcción que amenaza ruina.

Por necesidad, para los efectos de la fracción II del artículo que precede, se entiende la que a juicio del Juez, no puede dejar de satisfacerse sin quedar privado el denunciante del ejercicio de algún derecho, o sin que se le siga conocido perjuicio en sus intereses.

Si la petición se dirige a que se adopten medidas urgentes de precaución, para evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de cualquier obra, árbol u objeto, debe el Juez nombrar un perito, y acompañado de él y del Secretario, pasar a inspeccionar por sí mismo la construcción, árbol u objeto.

El Juez, en vista de la obra y del dictamen del perito, decretará inmediatamente las medidas oportunas para procurar la debida seguridad o las negará por no considerarlas necesarias, o por lo menos urgentes.

Si el Juez decreta las medidas de seguridad, debe compeler a la ejecución de ellas al dueño, a su administrador o apoderado, y al inquilino, por cuenta de rentas; en defecto de todos éstos deben ejecutarse por cuenta del actor, con reserva de su derecho, para reclamar del dueño de la obra o construcción, los gastos que se ocasionen.

Si el interdicto tiene por objeto la demolición de alguna obra o edificio, debe el Juez convocar a las partes para una junta con término de tres días.

Si el Juez lo estimare necesario, podrá antes o después de la junta, decretar una inspección ocular, y pasar por sí mismo a practicarla acompañado del Secretario y un perito que nombre al efecto.

En el caso del artículo que precede, citará el Juez a las partes para que asistan a la diligencia, si quisieren y lo permitiere la urgencia del caso.

Dentro de los tres días siguientes a la celebración de la junta o a la inspección judicial en su caso, debe el Juez dictar sentencia.

El Juez, en caso de que decrete la demolición, dispondrá que se haga bajo la dirección de un perito nombrado por él, a fin de evitar que al ejecutarla se cause perjuicio. SECCION SEPTIMA Del apeo o deslinde.