Capítulo VI Administración de la herencia CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Pág. 144

En todo juicio hereditario la administración puede ser transitoria, provisional, o definitiva.

Transitoria es la administración que está a cargo del interventor nombrado conforme al artículo 1155

Es provisional la administración que está a cargo del albacea judicial que se nombre conforme al artículo 2976 del Código civil.

Es definitiva la que está a cargo del albacea nombrado en el testamento o designado por los herederos o por el Juez, conforme a los artículos 2969 a 2975 del mismo Código.

Si la falta de herederos a que se refiere el artículo 2976 del Código civil, depende de alguna causa que impida la sucesión por intestado, el albacea judicial durará en su encargo mientras subsista el procedimiento en el que se le designó.

Si la falta de herederos depende de incapacidad legal del nombrado o de renuncia, el albacea judicial durará en su encargo el tiempo señalado en el artículo 2977 del Código civil.

El interventor y los albaceas deben llevar en debida forma los libros de contabilidad que la ley exija. (F. DE E., P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 1980)

El interventor está obligado a presentar mensualmente la cuenta de su administración, pudiendo el Juez exigir de oficio el cumplimiento de este deber y mandando en todo caso que la cantidad que resulta líquida se deposite de acuerdo con el artículo 608 de este Código.

A la cuenta mensual deberá acompañar el interventor los justificantes, y aprobada que sea se le devolverán con el sello del Juzgado y con nota de comprobación.

Son aplicables a la cuenta que debe rendir el interventor los artículos 446, 447, y 452 a 454 del Código civil, lo mismo que los artículos 1528 y 1529 de este Código.

El interventor que no rindiere la cuenta a que se refieren los artículos anteriores, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que tiene obligación de presentarla, será removido de plano a petición de parte sin perjuicio de que se le cubra la remuneración que hubiere devengado.

Si por cualquier motivo no puede hacerse la declaración de herederos dentro de un mes contado desde el nombramiento del interventor, podrá éste, con autorización judicial, intentar las demandas que tengan por objeto recobrar los bienes o hacer efectivos los derechos pertenecientes al intestado, y contestar las que contra éste se promuevan.

En los casos muy urgentes, podrá el Juez, aun antes de que se cumpla el término que fija el artículo que precede, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre del intestado.

Si el interventor, al terminar su encargo, no entregare los bienes al albacea que se nombre, será apremiado a la devolución.

El interventor no puede deducir en juicio las acciones que, por razón de mejoras, manutención o reparación, tenga contra el intestado, sino cuando haya hecho esos gastos con autorización judicial previa.

El dinero y las alhajas se depositarán como está prevenido en el artículo 608; pero el Juez dispondrá que se entreguen al interventor las sumas que crea necesarias para los gastos más indispensables, si ya hubiere otorgado la garantía correspondiente.

El Juez abrirá la correspondencia que venga dirigida al difunto, en presencia del Secretario y del interventor, en los períodos que señalen, según las circunstancias.

El interventor recibirá la correspondencia que tenga relación con el caudal hereditario, dejándose razón sucinta de ella en los autos; y el Juez conservará la restante, para darle en su oportunidad el destino correspondiente.

Todas las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, regirán respecto del albacea judicial, en lo conducente.

El interventor y el albacea judicial rendirán su cuenta general de administración, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que cesen en su cargo.

La cuenta del interventor será glosada por el albacea judicial y la de éste por el albacea definitivo.

Hasta que se haya aprobado la cuenta no se cancelará la garantía que tengan otorgada el interventor o el albacea judicial.

El interventor tendrá como remuneración el dos por ciento del importe de los bienes, si no exceden de diez mil pesos; si excedieren de esta suma, pero no de cincuenta mil pesos, tendrá además, el uno por ciento y excediendo de cincuenta mil pesos, tendrá además, el medio por ciento de la cantidad excedente.

El albacea judicial tendrá la remuneración que señala el artículo 3019 del Código civil, si su encargo hubiere durado más de seis meses; si hubiere durado menos tiempo, sólo cobrará como interventor.

Todas las actuaciones relativas a la administración de los interventores o de los albaceas judiciales estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, a disposición de los que se hayan presentado alegando derechos a la herencia.

Sea quien fuere el administrador de los bienes, se cumplirán exactamente las disposiciones de los artículos 412, 415, 416 y 3001 a 3007 del Código civil; salvo lo dispuesto en los artículos 1570 a 1572 de este Código.

Durante la sustanciación del juicio hereditario no se podrán enajenar los bienes inventariados, sino en los casos previstos en el artículo 3042 del Código civil y en los siguientes:

I.- Cuando los bienes puedan deteriorarse;

II.- Cuando sean de difícil y costosa conservación;

III.- Cuando para la enajenación de los frutos, se presenten condiciones ventajosas.

Cuando entre los interesados en la herencia hubiere menores, la enajenación de los bienes se sujetará a lo dispuesto en los artículos 1553 a 1577 de este Código.

Los albaceas definitivos tendrán obligación de rendir cuentas de su administración cada cuatro meses a partir de la fecha de la aceptación del cargo, sin perjuicio de rendir la cuenta general del albaceazgo.

El albacea definitivo será removido a petición de parte:

I.- Cuando dentro de los diez días siguientes, a cada uno de los plazos a que se refiere el artículo anterior, no presentare la cuenta de su administración;

II.- Cuando no cumpliere con los deberes que el artículo 2991 del Código civil impone al albacea general; y III.- Cuando no acreditare haber depositado las cantidades que recibió en virtud de su encargo, deducidas las que deben quedar en su poder para los gastos de administración.